El Gobierno ha autorizado la excarcelación de 374 personas, la mayoría por delitos contra la salud. Un total de 14 Estados han adecuado sus leyes locales a la federal.
Era otra mujer condenada por delitos contra la salud. Había transportado marihuana y lo había hecho porque vivía en la pobreza. El 21 de abril de 2021 fue la primera beneficiaria de la Ley de Amnistía, que había sido aprobada un año antes a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después fueron amnistiadas dos mujeres tzetlal que estaban sentenciadas por lo mismo, también un hombre que había sido obligado a mover heroína. La lista sigue: se ha liberado a 11 personas con una discapacidad permanente que fueron a la cárcel por hacer de mulas.
Ha sido excarcelado un tzotzil que nunca tuvo derecho a un intérprete cuando lo enjuiciaron por cambiar el uso de suelo. Hace cuatro años que la Ley de Amnistía está en vigor y ha cambiado la vida de 374 personas. Un número lejos de los miles que llegó a prometer el Gobierno, pero un triunfo para los defensores de derechos humanos que pelean contra el voraz sistema de justicia mexicano. Ahora, esas mismas organizaciones alertan sobre la última reforma a una ley que celebran: el presidente se ha otorgado, sin cortapisas ni rendición de cuentas, el poder de liberar a dedo.
Andrés Manuel López Obrador apuntó hacia la amnistía federal antes de ser nombrado candidato por última vez. Era diciembre de 2017, en Quechultenango, Guerrero, y el virtual aspirante a la presidencia propuso la posibilidad de perdonar a quien tuviera información sobre el caso que había destrozado la paz en el Estado: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Enunció la idea de otro modo y convirtió la amnistía en una de las propuestas estrella de su campaña.
Cuando llegó al Gobierno consiguió aprobar la ley a contrarreloj, en abril de 2020, con la pandemia de covid y el terror de las cárceles hacinadas como telón de fondo. “Fue una iniciativa histórica, porque a diferencia de procesos en otros países, esta sí reconocía que el sistema de justicia penal le había fallado a las personas en situación de vulnerabilidad, la ley lo reconocía como una medida de reparación”, apunta la directora ejecutiva de Elementa, Adriana Muro.
La iniciativa presidencial estaba pensada para cinco supuestos: comunidades indígenas, mujeres presas por abortar, delitos contra la salud, robos sin violencia y sedición. La ley en ningún caso podía beneficiar a quienes hubieran cometido delitos contra la integridad ni hubieran utilizado armas de fuego. Tampoco para los 16 crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa, que van desde el robo a casa habitación hasta el feminicidio. Los delitos contra los derechos humanos, como la desaparición forzada, quedaban fuera por los estándares internacionales.
La Ley de Amnistía ha representado un alivio para cientos de personas, pero también ha generado controversia. Las críticas más recientes se centran en una reforma que otorga al presidente el poder de liberar a individuos sin un proceso claro y transparente, lo cual ha despertado preocupaciones sobre posibles abusos de poder y falta de rendición de cuentas. Esta medida, si bien busca agilizar el proceso de liberación, ha generado inquietud sobre su aplicación y el impacto en el sistema de justicia.
La Ley de Amnistía en México ha tenido un impacto significativo en la vida de muchas personas, corrigiendo algunas injusticias del sistema penal. Sin embargo, la reciente reforma ha suscitado debate sobre la centralización del poder y la necesidad de mantener la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de excarcelación.