Ciudad de Puebla, 12 de abril, 2024.- En el contexto de las próximas elecciones en Puebla, es alarmante y revelador que 25 candidatos hayan solicitado medidas de seguridad, de los cuales 17 ya han sido asignados con protección. Este dato no solo refleja la preocupación legítima por la seguridad personal de los candidatos, sino que también pone de manifiesto la tensión y los desafíos que enfrentan los procesos democráticos en la región.
La seguridad de los candidatos es un derecho fundamental que debe ser garantizado para asegurar la integridad del proceso electoral. Sin embargo, el hecho de que una proporción significativa de candidatos sienta la necesidad de solicitar protección es indicativo de un ambiente de inseguridad que podría disuadir la participación ciudadana y la libre expresión de ideas políticas.
Es esencial que las autoridades estatales, en colaboración con los organismos electorales, no solo respondan a estas solicitudes, sino que también trabajen proactivamente para crear un entorno seguro para todos los candidatos, independientemente de su afiliación política. La transparencia en el proceso de asignación de seguridad y la equidad en la protección son cruciales para mantener la confianza en las instituciones gubernamentales y electorales.
Además, es importante que se investiguen y aborden las causas subyacentes de estas solicitudes de seguridad. ¿Se deben a amenazas directas, a un clima general de violencia o a la polarización política? Responder a estas preguntas es fundamental para implementar estrategias de prevención y para fortalecer el estado de derecho.
En última instancia, la protección de los candidatos no es solo una cuestión de seguridad individual, sino un componente esencial para la salud de la democracia en Puebla. A medida que nos acercamos a las elecciones, es imperativo que todos los actores involucrados —candidatos, autoridades, y la sociedad civil— colaboren para asegurar que la contienda electoral se desarrolle en un ambiente de paz y respeto mutuo.